Salud mental y lawfare

El 31 de diciembre de 2015 salió publicada en La Nación una nota firmada por Jaime Rosenberg que busqué recientemente, porque me había impactado casi fotográficamente: algunas de esas palabras, las atribuidas al ex presidente Macri específicamente, me produjeron el horrible escozor del mal presagio. El presagio de lo siniestro. Titulada “Macri decidió avanzar sobre la ley sin pensar en costos políticos” –se refería a la Ley de Medios–, en el anteúltimo párrafo se leía: “´A trabajar. Quiero gente presa´, le repitió Macri, medio en serio y medio en broma, a un funcionario recién ingresado en la función pública que reaccionó con cara de pánico. La decisión de ´mostrar autoridad´ aun entrando en terreno fangoso parece ser la consigna”.

Dos semanas después era detenida en Jujuy Milagro Sala. Y en los meses siguientes, en este espacio se escribió: “Si se quiere saber el rumbo de este gobierno, hay que mirar a Jujuy”.

Ahora que están saltando evidencias, registros, testimonios, pruebas de lo que significó esa palabra inglesa cuya traducción es “guerra jurídica” pero que es incompleta si no se dice “guerra jurídico mediática”, se ve mejor. Gran parte de las falsas denuncias sobre las que trabajó el lawfare estuvieron basadas en noticias falsas, escritas por operadores que no hacían periodismo sino que se implicaban en un juego macabro haciendo uso de la acepción de “periodismo” para ejercer simple y llana acción psicológica, se valían del espionaje y mentían a conciencia sobre escuchas, hechos que nunca habían sucedido, inventos bizarros que costaron la libertad de mucha gente, es oportuno volver al plan de acción inicial: “Quiero gente presa” no era medio en broma y medio en serio. Era en serio. Era una manera de gobernar de espaldas a la Constitución.

En estos oscuros días de pandemia, ese mismo partido comandado por un gran jugador de paddle creó una usina de mensajes engañosos para desesperar aún más a los desesperados. Nadie objeta la desesperación del que por las restricciones debe dejar de trabajar y por lo tanto de ganar su sustento. Nadie objeta a quienes marchan en el momento en el que hay que frenar la circulación de gente, y me refiero a los movimientos sociales a los que no se les ha garantizado su modo de subsistencia en un país diezmado por ese puñado de ricos sin escrúpulos y por los que hoy el Estado está obligado a pensar y repensar de qué manera los asistirá en esta emergencia.

Pero no me refiero a esa parte del pueblo. Me refiero a los que reclaman como Yamil Santoro ir a “tomarse unos tragos” a una plaza, me refiero al hedonismo exacerbado por los grupúsculos de malvivientes que hacen necropolítica porque otra cosa no saben hacer.

Hoy se habla de la “salud mental” que pone en jaque la pandemia, el encierro, la falta de “socialización” de los niños y los adultos, de la depresión que acarrea no poder retomar la vida normal, cuando en ningún lugar del mundo esa “vida normal” es posible.

Pero me quiero referir a otro tipo de salud mental herida, a otro tipo de depresión que transcurrió en el más absoluto silencio, y es el que los representados por los dirigentes políticos encarcelados, amenazados, injuriados, degradados, fusilados civilmente, padecieron con ellos la persecución. Me quiero referir, sí, a una parte del pueblo que apoyó y puso el cuerpo mientras pudo, y fueron años, muchos años, para defender un Estado inclusivo que los contenía y que los visibilizaba. A los hombres y mujeres comunes y corrientes que tuvieron que soportar el costo psíquico de las peleas con amigos y familiares y vecinos, por peleas desatadas por mentiras.

A los que en la década pasada volvieron a sentir orgullo por una patria recuperada, y de pronto se vieron acechados por injurias, y debieron refutar, sin argumentos –porque también acallaron las voces que hubieran podido dárselos– que no había dólares enterrados en la Patagonia, que Cristina no se había robado dos PBI, que Boudou no conocía a Vanderbroele, que Milagro no había creado “una estado paralelo” porque cuando comenzó a crear su organización en Jujuy no había Estado sino lo que hay ahora: una tómbola de privilegios y una impunidad que quita el aliento.

El lawfare no solamente se dedicó a perseguir opositores, porque esos dirigentes eran sí representantes de una parte del electorado que en tanto representados padeció con ellos y ellas cada mentira, cada indagatoria, cada denuncia pérfida presentada en base a noticias que quienes las firmaban sabían que eran falsas: no estábamos ante dos modos de entender el Estado, sino ante dirigentes que pugnaban por redistribuir la torta, calumniados y hostigados, en sus propias personas y en algunos casos en la amenaza de perseguir a sus hijos e hijas, de un lado, y del otro por una banda que se robó 44.000 millones de dólares, que hizo innumerables negociados ilícitos y que para hacerlo necesitaba “gente presa”.

Vaya una caricia para todos esos militantes, simpatizantes, personas que recién en esa época sentían que había una patria que defender y que se la estaban robando. A todos los millones de argentinos y argentinas que absorbieron la angustia de presenciar el horrible espectáculo de un país sin justicia, en el que los líderes o funcionarios en los que ellos creían fueron denostados, ridiculizados y echados al horno de la infamia.

Subsanar los estragos del lawfare también es una reparación psíquica además de política para todas esas personas de bien que pintaron paredes, repartieron volantes, acompañaron como pudieron a sus representantes. De esta salud mental herida no se ha hablado. Es hora.