La ola de mandatarios neoliberales que sucedió a los proyectos progresistas y nacional-populares en América Latina se vio impulsada por discursos moralistas y republicanos, sostenidos por compromisos con la transparencia institucional y el repudio a la corrupción estructural anidada al interior de sus países.
Esa sobreactuación de sus protagonistas se vio, sin embargo, ensombrecida por la emergencia de repetidos escándalos que han tenido como responsables máximos a los empresarios (devenidos Presidentes) y a sus más íntimos colaboradores. En el caso de la Represa Binacional de Itaipú, el reciente descubrimiento de una negociación secreta entre las más altas autoridades llevó a los parlamentarios de ambos países a iniciar investigaciones sobre negociaciones incompatibles con sus respectivas funciones gubernamentales.
El negociado hecho público durante la última a semana incluyó la redacción de cláusulas secretas que fueron develadas luego de la denuncia del titular de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) Pedro Ferreira, quien se negó a aceptar la comercialización de energía hidroeléctrica excedente (producida por la represa binacional de Itaipú) a una entidad privada ligada a la familia del Presidente brasileño. Dichos megavatios (MW) sobrantes iban a ser adquiridos del lado brasileño a un valor de 6 U$S, cuando la cotización de mercado ronda los 40 U$S el MW. Una vez incorporados a la red por la empresa brasileña LEROS (ligada a Bolsonaro), sería vendida a un precio de 80 U$S el MW, registrando un potencial y módico beneficio del 1200 %.
La malversación quedó al descubierto cuando el titular de ANDE, Pedro Ferreira, se negó a suscribir el contrato, renunciando a su puesto el 24 de julio último. Una investigación del diario guaraní ABC Color puso en evidencia que el embajador paraguayo Federico González, intermediario entre la empresa LEROS y ANDE, presionó al titular de esta última para que se convirtiera en cómplice respecto al silenciamiento de las cláusulas secretas del convenio firmado en mayo último por los presidentes Abdo y Bolsonaro.
Las negociaciones orientadas a lograr la aprobación del contrato ilícito fueron operativizadas por José Rodríguez González, hijo de María Epifania González, secretaria de la unidad de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), quien debió renunciar una vez difundidas las cláusulas secretas gestionadas por su heredero. Las tratativas confidenciales (caracterizadas como sigilosas) fueron conducidas por Rodríguez bajo la supervisión de de Mario Abdo y su vicepresidente Hugo Velázquez, quienes buscaron beneficiar al ex militar devenido Presidente de Brasil. La articulación entre Rodríguez y los máximos mandatarios se hizo evidente luego de la difusión pública de los intercambios de mensajes por WhatsApp, expuestos por los medios de comunicación guaraníes y brasileños.
