América Latina enfrenta una cacería cada día más feroz contra los líderes sociales indígenas que defienden la vida y el territorio. Cauca es uno de los treinta y dos departamentos de Colombia, su capital es Popayán y está ubicado en las regiones andina y pacífica, a más de 500 kilómetros de Bogotá.
De acuerdo con el Consejo Regional Indígena, este año han sido asesinados 54 nativos en diferentes puntos del norte del departamento. La situación se agravó durante la última semana, con quince asesinatos sistemáticos de comuneros indígenas. El presidente colombiano, Iván Duque, busca militarizar la zona, pero las comunidades aseguran que cada vez que eso sucede, un nativo es asesinado. No esperan protección del Estado porque el Estado no es confiable.
Las fuerzas de seguridad estatales y grupos al margen de la ley, en su disputa por el territorio, atacan con impunidad a las organizaciones sociales y sectores populares en el país. Atentan contra la visión milenaria y ancestral del ecosistema, que está siendo destruido por la economía liberal, y también contra los campesinos que monitoreaban el consensos de paz con las FARC que el gobierno de Duque echó por tierra.
Para el Consejo Regional Indígena, que agrupa a más del 90% de las comunidades indígenas del departamento del Cauca, la política de muerte y exterminio se ha fortalecido desde el posicionamiento de Duque “por el abandono institucional y estatal a los acuerdos de paz, profundizan flagelos como el narcotráfico, la explotación de la madre tierra y el control del territorio, escenario ideal para que los grupos armados y las mafias del narcotráfico se posicionen y fortalezcan desarmonizando y desplegando la muerte y la guerra”.
La muerte llegó al municipio de Morales el 30 de octubre, con el asesinato de tres personas, en un caso relacionado al supuesto robo de una vivienda. Horas después, la Unidad Nacional de Protección confirmó el secuestro y asesinato del escolta Fabián Rivera en Suárez.
Jesús Mestizo era un líder indígena a quien también interceptaron cuando salía de su casa el domingo por la noche y asesinaron a quemarropa. Menos de veinticuatro horas antes, se había reportado el homicidio de Alex Vitonás Casamachín, un joven de 18 años, que fue atacado por hombres armados en la vereda Loma Linda, del municipio de Toribío.
Ese mismo día, las comunidades indígenas del lugar habían denunciado el asesinato de los guardias indígenas (kiwe Thegnas) Asdrual Cayapu, Eliodoro Fiscue, José Gerardo Soto, James Guilfredo Soto y Nejuex Cristina Bautista.
El Gobierno colombiano responsabilizó a disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y ordenó el despliegue de 2.500 militares en la zona, para enfrentar a las estructuras armadas y “frenar la expansión del narcotráfico”. El presidente Duque busca articular el trabajo de los organismos del Estado con las autoridades indígenas, pero el defensor del Pueblo en el Cauca, Rossi Jair Muñoz, asegura que cada vez que avanzan en ese sentido, un nativo es asesinado.
