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El femicidio y la cultura narco

El último 16 de diciembre, a media tarde, un grupo de mujeres se reunió en la puerta del Palacio de Gobierno de Chihuahua, en México. Fueron a dar el presente en el tercer aniversario del asesinato de Marisela Escobedo Ortiz, una madre que desde 2008 reclamaba justicia por la desaparición de su hija Rubí, de dieciséis años, una de las miles de muertas de Ciudad Juárez. Marisela Escobedo había señalado y denunciado al novio de Rubí, Sergio Barraza, como el autor del crimen. Barraza fue detenido y confesó no sólo el asesinato, sino también el lugar en el que había escondido los restos de Rubí. Pero los jueces lo declararon inocente por presunta falta de pruebas. Barraza salió en libertad y Marisela cargó con furia contra las autoridades de Ciudad Juárez y Chihuahua, porque hace más de diez años que es pública y se admite la connivencia de sectores del Estado –políticos, judiciales, policiales– con la elite narcoempresaria que domina a esa ciudad. Ciudad Juárez es el recordatorio de que en aquellos territorios donde se afinca el narcotráfico y se come al Estado, crece exponencialmente la violencia contra las mujeres. Marisela logró que un tribunal superior revocara el fallo absolutorio que había beneficiado a Barraza, pero aunque se libró una nueva orden de detención, el hombre siguió prófugo. El 16 de diciembre de 2010, Marisela se instaló en protesta en la puerta del Palacio de Gobierno de Chihuahua, residencia del gobernador del estado. Pasó un auto y desde él un desconocido le pegó un balazo en la cabeza. Marisela murió en el acto.

Hay hilos que se cruzan entre la historia de Marisela Escobedo Ortiz y la de Susana Trimarco, aunque muchos otros hilos no se tocan. Difieren en que a Rubí la mató su novio y a Marita Verón se la llevó una red de trata, pero confluyen en la cachetada que a ambas les dio la Justicia cuando se les rió en la cara, y al reírseles así, dejó al descubierto una vez más un sistema establecido de complicidades institucionales con los responsables de las dos desapariciones. Difieren en que a Marisela Escobedo la mataron con la misma impunidad que lo habían hecho con su hija, y aunque hubo escándalo, el sistema institucional mexicano siguió inconmovible; a Susana Trimarco, en cambio, la Suprema Corte de Justicia tucumana le dio un soplido de esperanza al revocar hace diez días el fallo absolutorio de los once imputados por la desaparición de Marita y también al reivindicar, en ese mismo fallo, las voces de las mujeres víctimas de la trata que habían testimoniado y que fueron revictimizadas por jueces que no tomaron sus voces como las de ciudadanas plenas.

Más allá de semejanzas y diferencias, es importante tomar nota de que los dieciséis años de Rubí se extinguieron en Ciudad Juárez, el epicentro mundial del femicidio, junto con una región fronteriza que comparten Honduras, Nicaragua y El Salvador, pero su muerte no tuvo que ver con narcos ni policías, sino con su pareja. Es importante porque las simplificaciones llevan a pensar que en Ciudad Juárez todas las muertes de mujeres (hay 400 crímenes judicializados, ninguno con condena; otras 4000 mujeres han desaparecido o han sido halladas muertas en los alrededores de esa ciudad desde principios de la década del ’90) se deben a la mecánica que aunque la Justicia no toma en cuenta, una cuantiosa bibliografía de feministas, antropólogos, periodistas, activistas de derechos humanos y académicos han venido estudiando desde que en 1993 apareció en una ruta del desierto que rodea a Ciudad Juárez el primer cadáver mutilado de una adolescente que trabajaba en las maquiladoras.

El patrón del femicidio sistemático que todavía funciona en Ciudad Juárez –ciudad fronteriza con Estados Unidos, lindera a El Paso– incluye en su cima a los responsables de las corporaciones extranjeras, que emplean la mano de obra barata mexicana, a los narcos del cartel de Juárez y a funcionarios políticos, judiciales y policiales que increíblemente desvían las investigaciones, deshacen las estadísticas y cuando no tienen más remedio que dar una respuesta falsean relatos sobre tráfico de órganos, cuando hace mucho se sabe que las obreras de las maquiladoras, las de los bares, las discotecas, las escuelas de computación y los hoteles de Ciudad Juárez suelen caer, forzadas, en fiestas sexuales de ribetes más que sádicos. Los que concurren a esas fiestas son miembros de la elite mixta que asegura el silencio.

Como relevó en su trabajo de campo de dos años la periodista argentina Graciela Atencio –residente en España y editora del portal Feminicidio.net–, las calles de Ciudad Juárez están llenas de mujeres muy jóvenes muy pintadas, en tacos muy altos, con polleras muy cortas. Son las condiciones de trabajo que imponen todos los locales. El público demanda ese tipo de mujer. Las chicas, todas muy jóvenes, todas pobres, muchas sin familiares que las reclamen, llegan a esa ciudad para trabajar en las maquiladoras, pero algunas optan por un mejor salario en los bares o los restaurantes. A lo largo del tiempo han desaparecido y muerto unas y otras. La fábrica no es más segura que el local nocturno. Los de Ciudad Juárez no son simples asesinatos: incluyen la degradación, la violación y la tortura de las víctimas. Toda la saña brota al calor de una impunidad que fue la misma que le permitió al sicario dispararle a la cabeza a Marisela Escobedo cuando reclamaba justicia en la puerta del Palacio de Gobierno de Chihuahua.

Que a su hija Rubí la haya matado su novio da cuenta de otro fenómeno paralelo del que nunca se habla: la impunidad de unos es la de todos. Nadie sabe a ciencia cierta cuántas mujeres fueron asesinadas en las fiestas sexuales y a cuántas las mataron sus parejas a conciencia de que esos asesinatos tampoco serían investigados. En 1990, la académica sudafricana que introdujo el concepto de femicidio, Diana E. Russell –lo hizo ya en 1976, en el Primer Tribunal internacional contra la Violencia de Género, llevado a cabo en Bruselas y presidido por Simone de Beauvoir–, publicó Femicide in Global Perspective (lo escribo con su nombre original, ya que la traducción de “femicide” todavía es controversial: no hay unanimidad sobre los conceptos de femicidio y feminicidio: para algunas corrientes de perspectiva de género, “femicidio” es una palabra homologable a “homicidio”, y “feminicidio” completa la noción de que el fenómeno creciente de saña hacia las mujeres debe ser definido con mayor precisión, como un hecho social y político). La socióloga mexicana, oriunda de Ciudad Juárez, Julia Monárrez, ha escrito: “Cuando una sociedad se enfrenta cotidianamente al asesinato de mujeres no tiene sentido preguntar por qué un individuo mata a otro. La pregunta debe ser: ¿Por qué los miembros de algunos grupos matan a los miembros de otros grupos? Cuando se trata de dar respuesta a esta pregunta, es necesario interrelacionar los motivos de los actos violentos de los criminales y yuxtaponerlos con las estructuras sociales de determinada región, y las diferencias de poder en las jerarquías sexuales”.

En aquel libro de Russell, antes del desborde de sangre en Ciudad Juárez, ella decía: “El objetivo de detallar tales atrocidades no es horrorizar al lector, sino tratar de avanzar en la resistencia a reconocer que las mujeres están viviendo actualmente en una época de extremos, crecientes y frutales feminicidios; una época en la cual el mito persiste entre muchas mujeres jóvenes, estudiantes privilegiadas, de que la revolución feminista ha sido cumplida y que tienen las mismas opciones y oportunidades que los hombres”.

En una capa de la sociedad se ve a las mujeres obtener logros y metas impensables para sus madres o abuelas. Pero en una capa más profunda, entre las mujeres que han avanzado hacia sus propios deseos y entre mujeres absolutamente tradicionales, emerge lo que Graciela Atencio ubica “en el centro mismo de la barbarie”. Esto es: una habilitación sorda pero pública para que la ira masculina se desate, y cada día, cada hora, cada minuto, en algún lugar de la región, una mujer sea asesinada por el solo hecho de ser mujer.

En la Argentina, en el último año, hemos sabido de la existencia –ya orgánica con algunos sectores policiales– del avance narco. Se ha hablado mucho sobre el tema desde que la casa del gobernador Bonfatti fue baleada. Desde luego, Santa Fe no es el único lugar donde eso ocurre. La irrupción y el afincamiento narco traen consigo una alta dosis de violencia, imparable, por otra parte, si las fuerzas policiales no se compactan para repelerlo sino que se resquebrajan para recibir sus migas. Pero con todo lo escrito, relevado, sabido y temido en relación con Ciudad Juárez, cabe abrir la pregunta por esa cultura narco que se asienta sobre los nichos patriarcales de nuestras sociedades y que alienta la violencia de género en su grado límite, que es el femicidio.

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