Francia Elena Márquez Mina es una lideresa ambiental y feminista de las comunidades afro y mineras artesanales del norte del Cauca, Colombia, que se convirtió en una figura pública, a nivel nacional, por su lucha contra la minería ilegal y por su emblemática defensa del territorio caucano ancentral. Ambas labores la hicieron merecedora del Goldman Enviroment Prize 2018, considerado el Nobel del Medio Ambiente. Su voz emociona y convoca a una gran cantidad de personas, no solo por su activismo por los derechos humanos, sino también porque desde el año pasado anunció su deseo de aspirar a la presidencia de su país.
Recientemente Francia Márquez oficializó su adhesión al Pacto Histórico, lo que significa que la caucana se someterá a la consulta popular de la alianza de la centroizquierda, y competirá, el año próximo, junto a los precandidatos Gustavo Petro, Roy Barreras y Alexánder López, para lograr una opción opositora fuerte que le pueda hacer frente a la derecha gobernante.
Marquez nació en 1982 en la vereda Yolombó, perteneciente al municipio de Suárez, al norte del departamento del Cauca, ubicado en territorio ancestral de una comunidad afrodescendiente.
Fue madre soltera a los 16 años y dividió su tiempo entre criar a sus dos hijos, trabajar como empleada doméstica y estudiar Técnicas en Explotaciones Agropecuarias en el Sena en Cali. Tras los malos tratos que recibía en su trabajo, regresó a Cauca y se concentró en el trabajo comunitario.
En los años 90 participó en el proceso de evaluación de los impactos ambientales y sociales que generaría a su comunidad y en el territorio ancestral el megaproyecto de desviación del Río Ovejas hacia la Represa Salvajina.
En el 2009, inició un proceso de lucha y resistencia a fin de evitar que las comunidades afrodescendientes del Consejo Comunitario de la Toma en el Municipio de Suárez fueran desalojadas forzosamente del territorio ancestral, ya que el gobierno había entregado a empresas multinacionales y a otras personas foráneas títulos de explotación minera, violando el debido proceso a la implementación del derecho fundamental a la consulta previa libre e informada.
Al año siguiente, evitó el desalojo de los habitantes y junto a representantes del Concejo Comunitario de La Toma, interpuso una tutela ante el Tribunal de Popayán, que logró que la Corte Constitucional ordenara suspender las licencias otorgadas hasta que se realizara la consulta previa.
En 2014, empezó a estudiar derecho en Cali para defender su territorio con herramientas legales. Tuvo que parar sus estudios y volver a su hogar debido a la fuerte incursión de la minería ilegal. Ya en el norte de Cauca participó en la mesa interétnica e intercultural desde la cual se le exigió al Gobierno Nacional detener la minería ilegal en territorios étnicos y el otorgamiento de títulos mineros sin consulta previa. Además, se le pidió realizar acciones que permitieran identificar posibles actos de corrupción institucional frente a la minería ilegal que estaba contaminando el territorio, que tenía como consecuencia que personas quedaran tapadas bajo aludes de tierra.
Meses después, Francia Márquez fue desplazada forzosamente del territorio ancestral de la Toma junto con sus hijos, al pasar a convertirse en objetivo militar de actores armados como Las Águilas Negras, Los Rastrojos y las Bacrim, por sus reiteradas denuncias ante las autoridades.
Para noviembre de 2014 organizó y lideró la llamada «Marcha de los Turbantes», una manifestación en la que más de 70 mujeres caminaron desde Cauca hasta Bogotá para reclamar la defensa del territorio de la minería ilegal y las multinacionales. La mesa de diálogo que surgió tras la marcha, compuesta por los ministerios de Minas, Ambiente e Interior, logró que 200 retroexcavadoras dedicadas a la minería ilegal fueran sacadas del territorio.
En diciembre de 2014, por su condición de desplazada por la violencia armada, fue invitada a viajar a Cuba a desarrollar actividades con las delegaciones del gobierno y las FARC en el marco del proceso de paz colombiano. Estas acciones motivaron que en 2015, la organización sueca Diakonia le entregara a Francia Márquez el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia.
Durante los años siguientes, la lideresa viajó a Estados Unidos, Ecuador, Panamá, México, Cuba, Suiza y Francia con el objetivo de visibilizar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos a las que como pueblo afrocolombiano fueron sometidos.
En el mes de abril de 2018 recibió el Premio Medioambiental Goldman por su trabajo arduo en la lucha contra la minería ilegal, y se convirtió en la tercera mujer colombiana en ganar la distinción mencionada y la primera mujer afrocolombiana.
El mismo año, fue candidata al Congreso de Colombia por el Consejo Comunitario del río Yurumanguí (CCY) recibiendo el apoyo del candidato presidencial Gustavo Petro.
Los atentados y amenazas a su persona como a otros líderes sociales y políticos – que son moneda corriente en Colombia- la motivaron, entre otras cosas, a sumarse al Pacto Histórico, una articulación entre partidos políticos y espacios sociales que busca “proponer al país una salida a todas las situaciones que violentan los derechos humanos”.
“En la diversidad hay diferencias, pero lo esencial es llegar a la Presidencia y desde esas diferencias poder construir un programa plural que cierre las brechas de inequidad y desigualdad, que sea capaz de detener la guerra, garantizar los derechos humanos y el respeto a la vida, y que sea capaz de asumir los desafíos económicos”, explicó a los medios la referente del partido “Soy Porque Somos”.
Excelente artículo.
Esperemos que siga oermaneciendo con vida .
En Colombia existe terrorismo de Estado .