La decisión de la Cámara de Casación de sustraer la causa del espionaje macrista de su juez natural, con el objeto de depositarla en el antro judicial preferido de la derecha local, debiera transformarse en la clara evidencia de una beligerancia política declarada.
Con esta última jugada, proveniente de estados tribunalicios, el sistema democrático continúa su degradación progresiva evitando que el gobierno logre cumplimentar sus promesas electorales.
Los dictámenes que buscan salvar a los responsables del máximo escándalo de espionaje en la historia de la democracia, defienden de forma impúdica a los grupos más concentrados y corruptos. Provienen de los mismos actores, además, que persiguen de forma artera a los referentes populares que intentan aplicar políticas soberanas de desarrollo inclusivo.
En la actualidad existe un triángulo que sinergiza esta tarea articulada de defensa propia y derribo gubernamental: Los empresarios monopólicos (ligados al sectores financieros, a las trasnacionales y a la oligarquía exportadora de bienes primarios), una fracción del poder judicial y el conglomerado mediático (Clarín, La Nación e Infobae).
Frente a esta realidad, desde el gobierno, se observan dos visiones. Por un lado aparecen quienes sugieren que el enfrentamiento contra estos sectores debe darse de forma progresiva, enmarcada en un proceso de convencimiento y circunvalaciones graduales. Quienes sostienen esta posición argumentan que la tríada corporativa se sentará a negociar una vez que las reformas judiciales previstas –y otros condicionamientos– tiendan a ponerse sobre la mesa.
La otra línea de pensamiento considera que esto nunca sucederá y que es imperioso enfrentar las crecientes extorsiones plateadas por el triángulo.
La primera de las visiones aduce que una ofensiva contra los poderes fácticos implicaría el peligro de una fuga por derecha del Frente de Todxs. Es decir, que Sergio Massa no acompañaría ningún tipo de ofensiva contra el esquema fáctico, situación que dejaría en minoría al oficialismo dentro de la Cámara de Diputados. Además aducen que esa decisión empujaría al massismo a una convergencia con el pseudo-peronismo cambiemita, ligado a Emilio Monzó y el entorno larretista.
La segunda de las orientaciones considera que se debe restringir la capacidad de daño del triángulo en forma inmediata, dado que su envalentonamiento impulsa el agrupamiento de la oposición orientado al retorno de un presidente afín al macrismo.
La creciente efervescencia de quienes exigen una rápida respuesta por parte del gobierno –que claramente se ubican entre los defensores de la segunda de las opciones– percibe que Alberto Fernández se debilita en forma progresiva mientras continúa ofreciendo un perfil negociador y moderado con quienes solo conspiran en forma permanente para su fracaso.
Ambos puntos de partida eluden asumir que la salida de esta encrucijada tiene a un actor clave que no está siendo convocado: los sectores populares organizados.
En la potencial confluencia de la CTA, la CGT, los movimientos sociales, las asociaciones de pymes, los colectivos feministas y los partidos políticos que forman parte del Frente figura la única respuesta posible para equilibrar la ofensiva de la derecha.
Sin una movilización orgánica y nutrida, la lógica del cabildeo y la negociación terminará beneficiando a quienes se resisten a democratizar el poder en Argentina.
La historia argentina demuestra que los grupos hegemónicos sólo entran en razones cuando se combina la movilización popular junto con la sagacidad regulatoria.
Por arriba se deberá lograr que los funcionarios funcionen con el objetivo de ir limitando –a través del Consejo de la Magistratura, del Congreso y en las facultades de regulación económica– la arbitrariedad de los grupos concentrados.
Y por abajo se deberá proteger las medidas gubernamentales democratizadoras teniendo en cuenta dos territorios paralelos: por un lado el que remite a la ocupación del espacio público, y por el otro el que se ubica en torno a los negocios de las corporaciones integrantes del triángulo. Las cajas de donde provienen los financiamientos para la operación de derribo.
Plantear moderación como garantía frente a la posible ruptura interna del Frente exige superar la desconfianza sobre las bases movilizadas. Ese poder latente y desactivado es la única alternativa posible para superar la encrucijada de la coyuntura.